El 26 de octubre de 2026, el gobierno de Países Bajos anunció que prescindirá de unos 25,000 puestos a tiempo completo en su administración central hacia 2035. Es cerca del 16% de una planta que alcanzó un récord de 160,000 personas en 2025, 41% más que en 2018. El ahorro proyectado es de €900 millones en 2027 y de €3,500 millones anuales desde 2035.
La cobertura internacional lo presentó como un recorte impulsado por la inteligencia artificial. La lectura atenta del plan muestra otra cosa, y esa otra cosa es útil para cualquier país que discuta la eficiencia de su Estado, incluido el Perú.
¿Qué anunció exactamente el gobierno neerlandés?
El anuncio tiene cuatro componentes. Primero, suprimir o simplificar al menos 500 normas por año. Segundo, reducir los 28 consejos asesores permanentes y los cerca de 150 comités consultivos. Tercero, estandarizar los sistemas informáticos del gobierno central. Cuarto, usar la inteligencia artificial para aumentar la productividad.
El cuarto componente es el único que aún no tiene contenido: el gabinete presentará sus metas y planes de ahorro con IA recién en el primer trimestre de 2027. Policía y defensa quedan exentas, y el propio gobierno califica la cifra de 25,000 como una estimación aproximada.
Un dato adicional importa: Países Bajos tiene uno de los déficits fiscales más bajos de la Unión Europea. No es un ajuste de emergencia. Es una decisión sobre cómo debe funcionar la administración.
¿Puede la inteligencia artificial, por sí sola, reducir el tamaño del Estado?
No. Un puesto público existe porque una norma exige un acto: un visto bueno, un informe, una firma, la opinión de un comité. Si se automatiza ese acto y se mantiene la exigencia, el trámite cuesta menos, pero sigue existiendo, y alguien debe supervisar al sistema que lo ejecuta. Si se elimina la exigencia, el puesto deja de ser necesario sin que haga falta programar nada.
Por eso el orden importa. Automatizar un procedimiento que nadie necesita es invertir en hacer más rápido algo inútil. La pregunta previa a cualquier proyecto tecnológico no es qué se puede automatizar, sino qué se debe seguir exigiendo.
¿Es una discusión de izquierda o de derecha?
Ninguna de las dos. Quien defiende el empleo público y quien pide recortarlo suelen discutir sobre la cantidad de funcionarios. La variable que realmente decide es la cantidad de exigencias que el Estado impone a ciudadanos, empresas y a sus propias oficinas. Un Estado con menos trámites inútiles puede destinar más recursos a lo que sí necesita personas: atender, inspeccionar, enseñar, curar.
El riesgo existe en ambos sentidos. En Países Bajos, especialistas del sector público ya advierten que recortar en las áreas de ejecución, donde falta personal, deterioraría el servicio que se pretende mejorar. Un recorte por cifra, sin diagnóstico de qué exigencias sobran, puede producir un Estado más pequeño y peor.
¿Qué nos dice esto sobre el Estado peruano?
Según el informe de Servir Características del Servicio Civil Peruano 2025, el Perú tiene 1,618,940 servidores civiles, 20.2% más que en 2017. Más de la mitad trabaja en Educación y Salud, es decir, en la prestación directa de servicios.
El dato más revelador es otro. La Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, promulgada en 2013 para ordenar y profesionalizar el empleo público, alcanza hoy apenas al 0.2% de los servidores. No es el resultado de un gobierno en particular: es un patrón que se mantuvo a lo largo de administraciones de distinto signo. Eso lo convierte en un problema de diseño institucional, no de voluntad política coyuntural.
La lección neerlandesa, aplicada aquí, no es «despedir funcionarios» ni «comprar inteligencia artificial». Es revisar qué exigencias produce cada entidad, cuáles cumplen una función real y cuáles sobreviven por inercia.
¿Cómo debería evaluarse un proyecto de IA en una entidad pública?
Propongo una prueba simple, aplicable antes de invertir un sol en tecnología. Por cada trámite o procedimiento, preguntar: si este paso desapareciera mañana, ¿quién lo extrañaría y por qué?
- Si nadie lo extrañaría, no se automatiza: se suprime.
- Si lo extrañaría el ciudadano o la empresa porque protege un derecho o un interés legítimo, se conserva y merece la mejor tecnología disponible.
- Si solo lo extrañaría la propia entidad, se revisa su fundamento antes de decidir.
Conclusión
El caso de Países Bajos se contará como el primer gran recorte estatal impulsado por la inteligencia artificial. Probablemente sea más exacto contarlo como un recorte impulsado por la decisión de dejar de exigir cosas, en el que la IA llega al final. El Estado no se ordena despidiendo personas ni comprando software: se ordena dejando de exigir lo que nadie necesita.
Fuentes: comunicado del gobierno de Países Bajos (26 de octubre de 2026), reportado por Bloomberg y otros medios internacionales; Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), «Características del Servicio Civil Peruano – 2025» (2026), pp. 11-13. Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal.
Sobre el autor: Alberto Villanueva Eslava es socio fundador de Villanueva & Soto (legal.pe), ex presidente del Indecopi y ex director de COFIDE. Fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte durante doce años.